El mercado interno mexicano y la trampa de los ingresos medios

La arquitectura del ecosistema empresarial de Latinoamérica, le exige a los actores una evaluación quirúrgica de los vectores de inserción para maximizar la eficiencia del capital. Ahora, evaluando el escenario macroeconómico de México, podría proyectarse una asimetría estructural denominada “la trampa de los ingresos medios” que, a pesar de consolidarse como la principal fábrica de exportación hacia Estados Unidos y el beneficiario natural del fenómeno del Nearshoring, la economía mexicana se encuentra permanentemente estancada, incapaz de traducir su enorme volumen exportador en una rentabilidad per cápita expansiva para la nación.

Frente a la retórica impulsada históricamente por el gobierno Mexicano, este análisis va a tratar de señalar que el andamiaje institucional y regulatorio de México actúa como un ancla que asfixia el crecimiento, y para comprender el por qué la base manufacturera más dinámica de Latinoamérica no logra escapar de la pobreza sistémica, es imperativo desarticular las fricciones regulatorias y la ineficiencia en la asignación de recursos que rigen su mercado interno.

Para comenzar, el principal pasivo que neutraliza el crecimiento de la economía mexicana es la existencia de un ecosistema del tipo dual, ya que por un lado, opera una franja empresarial o corporativa transnacional - principalmente en el norte del país y el bajío en el centro norte del país - altamente productiva, orientada exclusivamente a la exportación automotriz y aeroespacial, y por el otro, sobrevive un vasto centro y sur sumergidos en un mercado interno altamente fragmentado y asfixiado por la alta informalidad, la cual absorbe a más del 55% de la fuerza laboral de esta región del país.

Esta fricción no es un accidente, sino el resultado de un diseño institucional que penaliza al sector privado. Las regulaciones laborales que penalizan al empleador, la fuerte rigidez fiscal y los ahogantes costos burocráticos - nacionales y estatales - operan como grandes barreras de entrada al mercado formal, empujando a las PyMES hacia la marginalidad, donde no pueden acceder a rondas de financiación ni escalar en sus operaciones.

Para justificar el impacto letal de esta política intervencionista frente a los preceptos del libre mercado, resulta imperativo citar al economista Hernando de Soto, donde explica la raíz de la parálisis mexicana y latinoamericana, según señala que, “los pobres tienen cosas, pero carecen del proceso para representar su propiedad y crear capital. Tienen casas, pero no títulos; cosechas, pero no escrituras; negocios, pero no estatutos de constitución. Esta es la razón por la cual no se puede generar capital.” Gran parte del centro y sur mexicano carecen de derechos de propiedad formalizados por la sobrerregulación estatal, más de la mitad del tejido productivo mexicano opera con “capital muerto”, incapaz de ser utilizado como garantía para obtener más crédito, destruyendo sistemáticamente la productividad agregada de la nación.

Ahora, otro vector crítico que erosiona el entorno de negocios de México es la persistencia de un nacionalismo económico que prioriza la ideología sobre la maximización del retorno. La protección gubernamental hacia empresas estatales ineficientes, como Petróleos Mexicanos PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad CFE, representa una sustracción masiva de liquidez del sector privado.

El rescate constante de estos monopolios altamente deficitarios - donde se comen hasta 1,7% del PBI en salvatajes anuales - agota el espacio fiscal y encarece los costos energéticos para el sector industrial, lo que les resta fuertemente la competitividad frente a sus pares asiáticos y ahuyenta la Inversión Extranjera Directa en el sector de las energías renovables, en el cual México está apostando fuertemente desde AMLO. Esta captura del Estado por parte de intereses corporativistas públicos frena la innovación y perpetúa el estancamiento.

Desde la economía política institucional, el economista liberal Daron Acemoglu y James Robinson, abordan esta divergencia y establecen que el crecimiento sostenido es imposible bajo “instituciones extractivas”, definidas como las que “tienen como objetivo extraer rentas y riqueza de un subconjunto de la sociedad para beneficiar a un subconjunto distinto”. El monopolio estatal mexicano sobre la energía opera bajo esta lógica ya que concentra los recursos en una estructura gubernamental altamente ineficiente en lugar de permitir que las “instituciones inclusivas” del libre mercado asignen capital mediante la competencia, bloqueando así la transición de México hacia una economía de alto valor agregado.

La viabilidad de proyectar ingresos de inversión expansivos en México choca contra la ausencia de un Estado de derecho funcional. La inseguridad que sufre todo el país y la gobernanza paralela ejercida por los cárteles del crimen organizado no son simplemente un problema de seguridad pública, sino un impuesto extralegal masivo sobre el capital de cualquiera que produzca algo en su territorio. La extorsión, el robo de mercancía y la necesidad de financiar ejércitos de seguridad privada incrementan drásticamente los costos de las empresas mexicanas. Esta fricción institucional disuade la radicación de inversiones en sectores de capital intensivo.

El estancamiento crónico de México ilustra una cruda realidad de la Realpolitik económica: ser el vecino y la fábrica de ensamblaje de la mayor superpotencia global no garantiza el desarrollo si el mercado interno se encuentra cautivo. 

Para romper la trampa de los ingresos medios y monetizar verdaderamente el reordenamiento de las cadenas globales de valor, el Estado mexicano requeriría de transicionar urgentemente hacia un rol de estricto facilitador de los negocios privados. Esto implicaría desmantelar las regulaciones que incentivan la informalidad, flexibilizar los mercados laborales y privatizar o abrir a la competencia absoluta su sector energético. Ahora, si México no logra transicionar de ser mero exportador de mano de obra de ensamblaje, a convertirse en un desarrollador propio de propiedades intelectuales e innovaciones tecnológicas, su ecosistema empresarial quedará condenado a una rentabilidad marginal, perpetuando su posición periférica en el sistema financiera internacional.

- Nicolás Figueroa.