Dinamarca y el Estado de Bienestar Nórdico

Durante las últimas décadas, Dinamarca ha sido recurrentemente presentada como uno de los países con mejores indicadores de bienestar social, desarrollo humano y calidad institucional a nivel global. Altos niveles de ingreso per cápita, baja desigualdad, fuerte cohesión social, servicios públicos de alta calidad y elevados índices de confianza interpersonal han consolidado la imagen de un modelo exitoso de organización económica y social. Sin embargo, pese a estos resultados positivos, el llamado “modelo danés” rara vez ha sido replicado de manera integral por otros países. Esta aparente paradoja invita a analizar no solo sus virtudes, sino también las condiciones estructurales, históricas y políticas que explican por qué su reproducción resulta compleja e incluso inviable, en otros contextos de otras naciones.

El modelo danés se caracteriza por una combinación particular de economía de mercado altamente competitiva, un estado de bienestar amplio y un sistema fiscal con elevada presión impositiva. Dinamarca presenta una de las cargas tributarias más altas del mundo, con impuestos progresivos que financian la educación, salud, seguridad social y servicios públicos universales. Desde la perspectiva de la economía política, este esquema se inscribe en la tradición del “estado de bienestar nórdico”, donde el mercado no es reemplazado, sino regulado y complementado por un estado fuerte, capaz de redistribuir ingresos y reducir riesgos sociales. A diferencia de otros modelos europeos, el caso danés prioriza la universalidad de las prestaciones por sobre sistemas focalizados, lo que refuerza la legitimidad social del gasto público.

Uno de los pilares centrales del modelo es el sistema conocido como “flexiguridad”, que combina un mercado laboral flexible con altos niveles de protección social. Las empresas cuentan con amplias facilidades para contratar y despedir trabajadores, lo que favorece la adaptación productiva y la competitividad. A su vez, los trabajadores disponen de seguros de desempleo generosos, políticas activas de empleo y programas de capacitación contínua financiados por el estado. Desde la teoría institucionalista, este equilibrio reduce la incertidumbre individual sin rigidizar el funcionamiento del mercado, permitiendo altos niveles de empleo y movilidad laboral. Sin embargo, este sistema requiere una capacidad estatal significativa, tanto en términos fiscales como administrativos, para sostener políticas activas costosas y eficaces.

Otro elemento clave es el elevado nivel de confianza social e institucional. Dinamarca exhibe bajos índices de corrupción, una administración pública altamente profesionalizada y una fuerte internalización de normas cívicas. Desde enfoques sociológicos y neoinstitucionales, la confianza actúa como un “capital social” que reduce costos de transacción, facilita el cumplimiento voluntario de impuestos y fortalece la cooperación entre actores sociales. Esta dimensión cultural e histórica resulta difícil de replicar mediante reformas legales o económicas aisladas, ya que es producto de procesos de largo plazo vinculados a la construcción del estado, la homogeneidad social relativa y la estabilidad institucional.

A pesar de sus resultados positivos, el modelo danés presenta costos políticos y sociales que explican por qué no es fácilmente exportable. El alto nivel de impuestos, que en otros países suelen generar fuerte resistencia, es aceptado socialmente en Dinamarca porque existe una percepción extendida de que el estado devuelve esos recursos en servicios de calidad y de manera equitativa. En contextos donde la confianza en el estado es baja o donde la evasión fiscal es estructural, intentar replicar este esquema puede derivar en rechazo social, informalidad o crisis de legitimidad. Desde la teoría de la gobernanza, la eficacia del modelo depende tanto de las políticas como de la capacidad del estado para implementarla y del consenso social que las respalda.

Asimismo, el tamaño y la estructura demográfica del país juegan un papel relevante. Dinamarca cuenta con una población relativamente pequeña y una economía altamente integrada a los mercados internacionales, con sectores productivos competitivos y una fuerte inserción en cadenas globales de valor. Estas características facilitan la administración de políticas públicas universales y la adaptación a cambios económicos. En países más grandes, con mayores niveles de desigualdad territorial, informalidad laboral o heterogeneidad productiva, la implementación de un sistema similar enfrenta obstáculos significativamente mejores. Desde la economía del desarrollo, esto refuerza la idea de que no existen modelos universales, sino configuraciones institucionales adaptadas a contextos específicos.

En el plano político, el modelo danés se sostiene sobre una tradición de consensos amplios entre partidos, sindicatos y organizaciones empresariales. El diálogo social y la negociación colectiva centralizada han permitido resolver conflictos redistributivos sin recurrir a enfrentamientos prolongados o rupturas institucionales. Este tipo de coordinación, analizada por la teoría de las “variedades del capitalismo”, distingue a las economías coordinadas del norte europeo de las economías más liberalizadas o fragmentadas. La ausencia de actores sociales fuertes o de mecanismos estables de concertación en otros países dificultan la reproducción de este equilibrio entre eficiencia económica y protección social.

También es relevante señalar que el modelo danés no está exento de tensiones y contradicciones. El envejecimiento poblacional, la inmigración y la presión sobre el gasto público plantean desafíos crecientes para la sostenibilidad del estado de bienestar. En los últimos años, Dinamarca ha endurecido algunas políticas migratorias y ajustando ciertos beneficios, lo que muestra que incluso los modelos más exitosos requieren adaptaciones constantes. Esto relativiza la idea de un sistema “perfecto” y subraya su carácter dinámico y contingente. Desde el enfoque del estado de bienestar, Gosta Esping-Andersen ubica a Dinamarca dentro del régimen socialdemócrata, caracterizado por la universalidad de derechos sociales, la desmercantilización del bienestar y una fuerte capacidad redistributiva del estado, lo que explica la legitimidad social de su elevada carga fiscal. 

Complementariamente, la teoría de las “variedades del capitalismo” desarrollada por Peter Hall y David Soskice permite entender al modelo danés como una economía de mercado coordinada, donde la cooperación entre empresas, sindicatos y estado sustituye la competencia desregulada como principal mecanismo de ajuste. Douglass North aporta una clave adicional al señalar que el desempleo económico depende de la calidad de las instituciones formales e informales, lo que en el caso danés se traduce en altos niveles de confianza, cumplimiento normativo y baja corrupción. Finalmente, desde la economía política del desarrollo, Acemoğlu y Robinson subrayan que las instituciones inclusivas son centrales para explicar trayectorias exitosas de largo plazo, pero también difíciles de replicar sin procesos históricos previos que las sostengan.

Mientras Dinamarca se apoya en instituciones inclusivas consolidadas, altos niveles de confianza social y estados con fuerte capacidad recaudatoria y administrativa, gran parte de los países latinoamericanos presentan estructuras estatales fragmentadas, sistemas fiscales regresivos y elevados niveles de informalidad laboral. Desde la perspectiva de Acemoğlu y Robinson, estas diferencias remiten a la persistencia de instituciones extractivas o parcialmente inclusivas en América Latina, donde la distribución desigual del poder limita la capacidad del estado para implementar políticas universales sostenidas en el tiempo. A ello se suma, como señala Fernando Filgueiras en sus estudios sobre regímenes de bienestar latinoamericanos, la prevalencia de sistemas segmentados y focalizados que erosionan la legitimidad social del gasto público y refuerzan la percepción de inequidad, a esto se suma, Guillermo O´donnell y Peter Evans han destacado que la debilidad del estado y la falta de autonomía burocrática en la región dificultan la construcción de políticas públicas coherentes y creíbles, elemento clave para sostener altos niveles de tributación y redistribución.

En conclusión, el análisis del modelo danés y su contraste con las trayectorias latinoamericanas permite afirmar que el desarrollo económico con altos niveles de bienestar no depende de la adopción aislada de políticas exitosas, sino de configuraciones institucionales complejas construidas históricamente. El caso de Dinamarca evidencia como la combinación de un estado fuerte, mercado competitivo, coordinación social y alta confianza institucional puede generar resultados sostenidos en términos de equidad y eficiencia. En contraste, América Latina enfrenta restricciones estructurales vinculadas a la debilidad estatal, la informalidad y la fragmentación social, que dificultan la implementación de esquemas universales. Desde una perspectiva de economía política comparada, este contraste refuerza la idea de que los modelos de desarrollo no son transferibles de manera mecánica y que los procesos de transformación requieren tiempo, consensos amplios y capacidades institucionales acumuladas. Más que replicar experiencias externas, el desafío central radica en construir arreglos propios que, atendiendo a las particularidades regionales, permitan avanzar hacia mayores niveles de inclusión, estabilidad y legitimidad social.

- Nicolás Figueroa.